María esperó cinco años y medio para que le reconocieran su derecho a la pensión por concubinato tras la muerte de su pareja. Cinco años que tuvo que comprobar con recibos de luz, contratos de renta y testimonios de vecinos. “¿Por qué cinco años?”, se preguntaba mientras juntaba papeles. “Si él ya me había dicho que yo era su familia desde el primer año que vivimos juntos”.
Esta historia se repite en miles de hogares mexicanos, donde las parejas viven en unión libre pero enfrentan barreras burocráticas para acceder a derechos básicos. Sin embargo, todo cambió hace pocos días cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica que transformará la vida de muchas familias.
La realidad de María y miles de mexicanos como ella acaba de cambiar para siempre.
El cambio que revoluciona el concepto de familia en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el requisito de cinco años de convivencia para acceder a una pensión por concubinato establecido en la Ley del ISSSTE desde 2007. Con una votación de seis ministros a favor y dos en contra, el máximo tribunal reconoció que este requisito discrimina y vulnera derechos fundamentales.
El ministro Irving Espinosa Betanzo, quien presentó el proyecto ganador, fue contundente: “Los lazos afectivos y de solidaridad que caracterizan a una familia no nacen forzosa y puntualmente a los cinco años, sino que pueden surgir desde antes”.
Esta decisión refleja una realidad innegable en México. Las estadísticas del INEGI muestran una caída sostenida en los matrimonios: en 2024 se registraron 486,645 uniones, 3% menos que el año anterior. La tasa de nupcialidad bajó dramáticamente de 6.9 a 5.4 entre 2015 y 2024.
Como explicó el ministro Arístides Guerrero García: “Las cifras nos muestran que la tendencia en nuestro país es hacia la baja en cuanto a contraer matrimonios. Eso no significa que no existan uniones, simplemente que ahora se está haciendo cada vez mayor uso de la figura del concubinato”.
¿Qué significa realmente este fallo para las familias mexicanas?
El cambio no solo es legal, es profundamente social. La Corte reconoció oficialmente que el concepto tradicional de familia ha evolucionado. La ministra Loretta Ortiz fue clara al respecto: “El concepto de familia como papá, mamá, hijitos, ya no existe. Ese modelo de familia tradicional no existe porque la realidad nos impone estas condiciones”.
Los aspectos clave de esta decisión incluyen:
- Eliminación del requisito discriminatorio de cinco años de convivencia
- Reconocimiento de nuevos modelos familiares
- Protección del derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad
- Abandono de jurisprudencias obsoletas de 2008-2015
Sin embargo, la Corte no estableció un nuevo plazo mínimo, dejando esa responsabilidad al Poder Legislativo. Esto significa que cada estado mantiene sus propios criterios, creando un mosaico legal interesante:
| Estado | Años requeridos |
|---|---|
| Estado de México, Tabasco | 1 año |
| Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, CDMX | 2 años |
| Jalisco, Querétaro, Durango, Chiapas | 3 años |
Las voces en contra y el debate sobre sustentabilidad
No todo fue unánime. La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió férreamente mantener el requisito de cinco años, argumentando riesgos financieros para el ISSSTE. Su preocupación central fue clara: “Eliminar el requisito de una convivencia mínima de cinco años generaría un riesgo presupuestal para el sistema de pensiones”.
Esta posición refleja una tensión real entre derechos humanos y sostenibilidad financiera de las instituciones públicas. Batres advirtió que sin requisitos claros, “cualquier persona podría reclamar ese carácter sin exigencias suficientes”.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, aunque apoyó la decisión, enfatizó que “se debe privilegiar la protección de la familia y el derecho a la seguridad social”.
El debate evidencia las complejidades de actualizar marcos legales en una sociedad cambiante. Mientras algunos ven una apertura necesaria hacia la realidad social, otros temen las consecuencias económicas de decisiones demasiado amplias.
Esta tensión no es nueva en México. Durante años, las parejas en concubinato han enfrentado discriminación sistemática comparado con matrimonios civiles, especialmente en temas de seguridad social y herencias.
La decisión de la Corte marca un antes y un después en la evolución legal del concepto de familia en México. Reconoce que el amor, el compromiso y la solidaridad no se miden en años calendario, sino en la calidad y autenticidad de las relaciones humanas.
Para miles de mexicanos como María, esto significa que sus derechos ya no dependerán de cumplir un plazo arbitrario, sino del reconocimiento de su realidad familiar. Es un paso hacia una justicia más humana y menos burocrática.
El impacto se extenderá más allá del ISSSTE. Esta decisión sentará precedente para futuras discusiones sobre derechos familiares, seguridad social y reconocimiento legal de diversas formas de convivencia en México.
FAQs
¿Qué cambia exactamente con esta decisión de la Suprema Corte?
Se elimina el requisito de cinco años de convivencia para acceder a pensión por concubinato en el ISSSTE, reconociendo que este plazo era discriminatorio.
¿Cuánto tiempo de convivencia se necesita ahora?
La Corte no estableció un nuevo plazo. Esta definición corresponde al Poder Legislativo, por lo que cada estado mantiene sus propios criterios.
¿Esto afecta solo al ISSSTE o a otras instituciones?
La decisión específica es para el ISSSTE, pero sienta precedente legal que podría aplicarse a otras instituciones de seguridad social.
¿Qué documentos necesito para comprobar el concubinato?
Aunque ya no hay un plazo fijo de cinco años, aún debes demostrar la unión: contratos compartidos, testimonios, cuentas bancarias conjuntas, entre otros.
¿Pueden las parejas del mismo sexo beneficiarse de este cambio?
Sí, la decisión reconoce “nuevos modelos de familia” sin discriminar por orientación sexual o identidad de género.
¿Esto pone en riesgo las finanzas del ISSSTE?
Algunos ministros expresaron esta preocupación, pero la mayoría consideró que los derechos humanos deben prevalecer sobre consideraciones presupuestales.
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