En un contexto donde la regulación de actividades profesionales se ha vuelto más estricta en muchas áreas del sector público y privado, los Gestores Administrativos han lanzado un llamado urgente: la regulación no debe convertirse en un filtro excluyente que margine justamente a quienes más necesitan apoyo del sistema legal y administrativo. Esta consigna, nacida en un momento de reformas y nuevos marcos normativos, invita a repensar el acceso a la regularización, en vez de restringirlo.
Con legislación en marcha y reformas que apuntan a establecer marcos más estrictos para el ejercicio de algunas profesiones y servicios públicos, el papel de los Gestores Administrativos se ha vuelto crucial. Son ellos quienes actúan como intermediarios entre la ciudadanía y la administración, particularmente en trámites complejos de extranjería, fiscalidad, tráfico o urbanismo. La preocupación central ahora es que los nuevos criterios de regulación puedan terminar afectando injustamente a los colectivos más vulnerables.
Resumen general del impacto de la regulación en la gestión administrativa
| Contexto | Reformas normativas en trámites administrativos y profesionales |
| Sector afectado | Ciudadanía vulnerable, inmigrantes, autónomos, pequeñas empresas |
| Reacción de profesionales | Preocupación por exclusión e incremento de la burocracia |
| Solución propuesta | Acceso inclusivo a asesoramiento profesional regulado |
| Emisión del mensaje | Consejo General de los Gestores Administrativos |
Qué piden los Gestores Administrativos
El Consejo General de los Gestores Administrativos ha solicitado a las instituciones públicas que al diseñar reglamentaciones o procedimientos automatizados de tramitación tengan en cuenta criterios de equidad y universalidad. Según sus portavoces, **la digitalización de los trámites y la tendencia a restringir intermediaciones humanas** ponen en riesgo el derecho a la gestión administrativa, especialmente entre personas mayores, extranjeras o con bajo nivel de alfabetización digital.
La regulación debe proteger al ciudadano, no dejarlo fuera del sistema. Automatizar trámites sin supervisión humana puede ser una sentencia de exclusión para miles de personas en situación vulnerable.
— Marta Acosta, Gestora Administrativa y miembro del Consejo General
Los profesionales insisten en que la regularización de servicios debe ir acompañada de garantías de acceso igualitario. Además, plantean medidas para habilitar colaboraciones con ONGs, asociaciones vecinales y oficinas de asesoramiento gratuito, garantizando así un servicio de calidad para quienes no pueden costear la contratación directa.
Beneficiados y perjudicados: ¿quién gana y quién pierde?
| Ganadores | Perdedores |
|---|---|
| Personas con acceso a servicios digitales avanzados | Ciudadanos mayores o sin habilidades digitales |
| Empresas grandes con equipos jurídicos internos | Autónomos y pequeños negocios sin asesoramiento |
| Trabajadores administrativos formados | Personas migrantes sin recursos o documentación completa |
Por qué la regulación no debe convertirse en exclusión
Si bien la regulación tiene como fin asegurar calidad, transparencia y legalidad en los servicios, **un mal diseño normativo puede derivar en la invisibilización de los grupos más necesitados**. La crítica central que presentan los Gestores Administrativos es que regular sin criterio social amplía la brecha de exclusión.
En lugar de facilitar el acceso igualitario a la administración, muchos procesos digitales terminan apartando a quienes no tienen conexión, formación o medios para pagar asesorías privadas.
— Luis Bueno, Experto en Derecho Administrativo
Con el aumento de trámites electrónicos, la ausencia de atención presencial o personalizada deja sin opciones a quienes dependen de un gestor. En muchos casos, las personas extranjeras no pueden completar sus expedientes sin ayuda externa, al no comprender los idiomas oficiales o carecer de acceso a certificados electrónicos.
Ejemplos recientes que generan preocupación
Uno de los sectores que más evidencias presenta sobre los riesgos de una regulación excluyente es el de la extranjería. Los nuevos modelos de autorización de residencia y trabajo han pasado a ser completamente digitales, lo que dificulta su acceso a personas en situación irregular o de bajo nivel de instrucción. Sumado a eso, la creciente exigencia de homologación o validación de títulos para ejercer ciertas actividades deja fuera a miles de migrantes con perfil cualificado pero sin recursos.
Otro caso problemático es el de los trámites tributarios para autónomos. Aunque muchas plataformas permiten declaraciones electrónicas, la interpretación de los requerimientos fiscales y la correcta categorización de ingresos es compleja sin la ayuda de un especialista. Para un pequeño emprendedor sin recursos, esto supone un riesgo de sanciones o errores.
Alternativas propuestas por el colectivo de gestores
Desde el Consejo General se ha propuesto implementar una serie de soluciones dirigidas a fomentar un acceso amplio y equitativo a la gestión administrativa:
- Incluir módulos de atención humana especialmente dirigidos a colectivos vulnerables dentro de los procesos digitales
- Subvencionar servicios de gestoría para personas en situación de exclusión social
- Ampliar convenios con Ayuntamientos y entidades sociales que permitan acompañamiento en trámites
- Impulsar campañas institucionales sobre derechos y ayudas disponibles, con información multilingüe
Una administración moderna no es solo digital, sino también humana, empática y cercana a todos los perfiles sociales.
— Gloria Méndez, Coordinadora en Asociación de Integración Legal
La digitalización no debería ser una barrera
Para los gestores, la transformación digital debe estar guiada por criterios de inclusión. Automatizar procesos no significa eliminar el factor humano, sino combinar eficiencia con cercanía. Muchos expertos han alertado de que un sistema automatizado sin puntos de apoyo presenciales puede terminar vulnerando derechos fundamentales, como la asistencia jurídica o el acceso a prestaciones públicas.
Por ello, esperan que las futuras normativas en regulación administrativa contemplen mecanismos de protección provisional para personas vulnerables, y sanciones frente a plataformas que compliquen el procedimiento deliberadamente.
El rol del gestor en la defensa del ciudadano
Lejos de desaparecer, el papel del gestor administrativo se consolida como un aliado indispensable del ciudadano. Estos profesionales no solo traducen lenguajes legales y administrativos complejos, sino que también detectan irregularidades, informan sobre plazos, y garantizan que los expedientes se presenten correctamente.
En esta nueva era regulatoria, su trabajo cobra mayor relevancia como garantes de legalidad y ética, y como mediadores entre la administración y los ciudadanos que más necesitan apoyo. Reconocer su función implica fortalecer el acceso a la justicia administrativa en un entorno cada vez más digitalizado y complejo.
Preguntas frecuentes sobre la regulación administrativa y exclusión
¿Qué es un gestor administrativo y qué funciones tiene?
Es un profesional colegiado que actúa en nombre de terceros ante la administración. Su labor incluye tramitación de documentos, gestión fiscal, extranjería, tráfico y más.
¿Por qué se critica la automatización de trámites?
Porque en muchos casos dificulta el acceso de personas mayores, migrantes o con bajo nivel digital, provocando exclusión administrativa.
¿La regulación de servicios no es positiva?
La regulación es buena cuando garantiza calidad y legalidad, pero puede ser negativa si se convierte en un filtro que impide el acceso a quienes más lo necesitan.
¿Qué medidas se reclaman para evitar exclusión?
Las asociaciones de gestores proponen fortalecer la atención presencial, financiar asesorías para vulnerables y desplegar campañas accesibles de información.
¿Dónde pueden las personas vulnerables buscar ayuda?
A través de asociaciones vecinales, ONGs, ayuntamientos y despachos de gestores comprometidos. El Consejo General también recomienda sistemas de atención en distintas lenguas.
¿Qué implicaciones tiene regular sin perspectiva social?
Puede provocar exclusión de miles de ciudadanos que incumplen, sin saberlo, requisitos administrativos imposibles de cumplir sin ayuda profesional.