Uno de los temas que más preocupa a millones de argentinos en estos momentos es el impacto del fin de la Ley de Alquileres y cómo esto cambia el panorama para inquilinos y propietarios. La derogación de esta ley modifica radicalmente las reglas del juego, reactivando la incertidumbre en torno a contratos, plazos y, sobre todo, desalojos. Sin embargo, no todos los inquilinos están en riesgo inmediato: existe un segmento que todavía cuenta con protección legal y no puede ser desalojado, al menos por ahora.
Estas modificaciones coinciden con un contexto económico desafiante: inflación persistente, caída de salarios reales y una falta estructural de acceso a la vivienda propia. Frente a este escenario, es crucial entender qué derechos se mantienen vigentes, a quiénes protegen y cómo se pueden hacer valer en caso de confrontaciones con los propietarios.
Elementos clave sobre el fin de la Ley de Alquileres y la situación actual
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Estado de la Ley de Alquileres | Derogada oficialmente en marzo 2024 |
| Protección ante desalojos | Limitada a ciertos casos especiales |
| Contratos vigentes | Se respetan hasta su finalización |
| Extensión judicial | Posible en casos de inquilinos vulnerables |
| Acciones del Ministerio de Justicia | Líneas de ayuda y defensa al consumidor |
Qué cambió este año en materia de alquileres
A partir de marzo de 2024, se oficializó la derogación total de la Ley de Alquileres, que había regido desde 2020. Esta ley estipulaba contratos mínimos de tres años, actualizaciones anuales mediante un índice oficial y mayor transparencia para ambas partes. Su eliminación revierte muchas de estas garantías y vuelve a establecer relaciones contractuales más dependientes del libre acuerdo entre propietarios e inquilinos.
Los contratos firmados antes de la derogación siguen teniendo validez hasta su finalización, lo que implica que los derechos adquiridos se respetan. Sin embargo, quienes no tienen contrato vigente o están en situación irregular enfrentan ahora mayores riesgos, especialmente ante la posibilidad de ser desalojados por falta de pago o vencimientos contractuales.
Quiénes no pueden ser desalojados actualmente
Aunque la legislación general ya no protege automáticamente a los inquilinos, ciertos grupos vulnerables cuentan con amparo judicial y administrativo para no ser desalojados de manera inmediata. Esto incluye:
- Hogares con niños y niñas menores de edad
- Adultos mayores en situación de vulnerabilidad
- Personas con discapacidad o enfermedades crónicas
- Familias monomarentales sin ingresos formales
- Inquilinos amparados por normativas locales o sentencias judiciales
Estas excepciones no suspenden indefinidamente los desalojos pero sí permiten demorar los procesos por razones humanitarias y sociales. En estos casos, los jueces pueden ordenar medidas alternativas como la prórroga de contratos, asistencia estatal o derivación a programas de vivienda transitoria.
“La derogación de la ley no puede pasar por encima de tratados internacionales que protegen derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.”
— Mariana Díaz, abogada especialista en derecho habitacional
Cómo se determina si un desalojo es válido o no
Cuando un propietario inicia un proceso de desalojo, el juez debe evaluar si existe algún motivo legal para suspender temporalmente esa orden. Entre los factores considerados están:
- Si el contrato había vencido o no
- El historial de pago del inquilino
- La existencia de menores o personas discapacitadas en el hogar
- Si hay un intento de abuso por parte del propietario, como desalojos sin preaviso o amenazas
En la práctica, esto significa que incluso con la derogación de la Ley de Alquileres, no todo desalojo es automático ni inmediato. Quienes pertenecen a grupos protegidos por la legislación argentina o tratados internacionales tienen derecho a solicitar la postergación o anulación del desalojo.
Qué hacer si recibís una notificación de desalojo
Frente a la notificación de un desalojo, los pasos recomendados son:
- Contactar inmediatamente a un abogado especializado en vivienda o derechos del consumidor.
- No firmar ningún documento sin asesoría. Muchos intentos de desalojo se inician informalmente.
- Reunir papeles clave: contratos, recibos de pago, denuncias anteriores, constancia de menores a cargo, etc.
- Solicitar una audiencia o presentar un escrito de oposición con base en vulnerabilidades sociales.
- Pedir la intervención de organismos estatales como Defensorías del Pueblo o la Secretaría de Vivienda.
“El acceso a una vivienda adecuada es un derecho, no una concesión del propietario. No hay que resignarse frente al primer aviso de desalojo.”
— Laura Bizzo, asesora legal en ONG de vivienda
Programas de asistencia disponibles para inquilinos en riesgo
El Ministerio de Justicia y otros entes nacionales y provinciales ofrecen asesoramiento gratuito para personas amenazadas por desalojos. Además, algunas jurisdicciones mantienen:
- Centros de resolución de conflictos
- Líneas telefónicas para denuncias
- Derivación a refugios o viviendas de emergencia
- Ayuda financiera puntual para alquileres atrasados
Quién gana y quién pierde con el nuevo esquema
| Ganadores | Perdedores |
|---|---|
| Propietarios con inmuebles cerca de zonas comerciales | Inquilinos sin contrato vigente o en situación precaria |
| Empresas inmobiliarias con capacidad de negociación | Familias numerosas y sectores vulnerables |
| Inversores inmobiliarios que buscan rotación rápida | Jóvenes que alquilan por primera vez |
Repercusiones sociales y políticas
La eliminación de la Ley de Alquileres reavivó el debate sobre el modelo habitacional argentino. Organizaciones civiles, gremios y legisladores demandan una nueva regulación que restaure ciertas garantías mínimas como la estabilidad contractual, la previsibilidad del precio y la protección ante abusos.
Mientras tanto, se observa una ola de judicialización de los casos de desalojo y una creciente presión sobre los tribunales civiles. La falta de cifras oficiales actualizadas genera aún más opacidad sobre la real magnitud del problema.
“Con derechos recortados y sin un marco regulatorio claro, estamos viendo un retroceso enorme en la calidad de vida de miles de familias.”
— Diego Amorín, sociólogo urbano
Preguntas frecuentes sobre desalojos tras el fin de la Ley de Alquileres
¿Me pueden desalojar sin contrato actualizado?
Sí, si tu contrato está vencido y no hubo renovación formal, podría iniciarse un proceso de desalojo. Sin embargo, se debe hacer por vía judicial.
¿Qué pasa si tengo hijos menores en mi hogar?
Los jueces suelen considerar esta situación para evitar desalojos forzosos. Es importante presentar pruebas y solicitar asistencia legal.
¿Puedo recibir ayuda estatal si me quieren desalojar?
Existen líneas de contención legal y programas sociales en varias provincias y ciudades. Consultá organismos de asistencia inmediata.
¿Qué ocurre si dejo de pagar el alquiler por no tener ingresos?
El incumplimiento puede derivar en desalojo, pero si acreditás situación de extrema vulnerabilidad, podrías pedir una postergación.
¿La nueva normativa permite pactos libres entre partes?
Sí. En ausencia de regulación específica, propietarios e inquilinos deben negociar todos los términos del alquiler de mutuo acuerdo.
¿Los contratos firmados bajo la ley anterior se respetan?
Sí. Todos los contratos en curso cuando se derogó la ley siguen vigentes hasta cumplir su plazo original.
¿Dónde puedo asesorarme legalmente sin costo?
Existen defensorías públicas, colegios de abogados y organizaciones sociales que ofrecen asesoramiento gratuito.
¿Existe algún proyecto de nueva ley en discusión?
Actualmente hay varias propuestas en debate legislativo, pero ninguna ha sido convertida en ley hasta el momento.
About the Author
