María llevaba tres años pagando la hipoteca de su segundo piso cuando llegó la pesadilla. Unos okupas se instalaron en su vivienda de alquiler mientras ella estaba de vacaciones. Desde entonces, no ha vuelto a recibir ni un euro de renta, pero sí las facturas de agua, luz y comunidad que siguen llegando puntualmente cada mes.
“No puedo echarlos porque el Gobierno dice que son vulnerables, pero yo también lo soy”, explica María con la voz quebrada. Su historia se repite en miles de hogares españoles donde pequeños propietarios ven cómo sus ahorros de toda la vida se desvanecen mientras esperan una solución que nunca llega.
Esta realidad ha llevado a las asociaciones de propietarios a plantear una petición directa al Gobierno de Pedro Sánchez: la creación de un fondo público que cubra los impagos de aquellos okupas que la Administración considera vulnerables y a los que protege de los desahucios.
La propuesta que podría cambiar el juego
La demanda es clara y contundente. Los afectados por la okupación solicitan que el Ejecutivo establezca un mecanismo automático de compensación económica para los propietarios que se ven obligados a mantener en sus viviendas a personas que no pagan el alquiler debido a las restricciones legales vigentes.
“Si el Estado decide que ciertos okupas no pueden ser desahuciados por vulnerabilidad, entonces el Estado debe hacerse cargo de los costes que genera esa decisión”, explica Juan Carlos Martínez, presidente de una asociación de pequeños propietarios de Madrid.
La propuesta incluye que este fondo público cubra no solo las mensualidades de alquiler impagadas, sino también los gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, como suministros básicos, tasas municipales y gastos de comunidad que siguen corriendo a cargo del propietario.
Los representantes de los afectados argumentan que el actual sistema genera una situación de “doble victimización”: por un lado, pierden los ingresos de la propiedad y, por otro, deben seguir asumiendo todos los gastos asociados sin poder recuperar su bien.
Los números que revelan la magnitud del problema
Las cifras oficiales muestran la dimensión real de esta problemática que afecta a miles de familias españolas. Según los últimos datos disponibles, el impacto económico de la okupación en España alcanza proporciones alarmantes.
| Concepto | Cifra | Impacto anual |
|---|---|---|
| Viviendas okupadas estimadas | 87.000 | – |
| Pérdida media mensual por propietario | 890€ | 10.680€ |
| Tiempo medio de okupación | 18 meses | – |
| Coste total para propietarios | – | 1.400 millones€ |
Además de las pérdidas económicas directas, los propietarios enfrentan otros costes adicionales que agravan su situación:
- Gastos legales y procedimientos judiciales que pueden superar los 3.000€
- Deterioro de la propiedad durante la okupación irregular
- Imposibilidad de acceder a seguros que cubran estos casos
- Pérdida de oportunidades de alquiler a inquilinos regulares
- Cargas financieras continuas sin ingresos compensatorios
“Hemos calculado que un propietario medio puede llegar a perder hasta 25.000 euros durante todo el proceso de una okupación que se prolonga en el tiempo”, detalla Ana Gómez, asesora legal especializada en estas situaciones.
El impacto real en las familias españolas
Detrás de cada cifra hay una historia personal que refleja el drama humano de esta situación. Los pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados o familias de clase media, ven cómo sus planes de futuro se desmoronan ante la imposibilidad de recuperar sus viviendas.
La problemática afecta especialmente a aquellos que invirtieron en una segunda vivienda como complemento a su pensión o como seguridad para sus hijos. Estos propietarios no son grandes empresarios inmobiliarios, sino ciudadanos corrientes que hicieron un esfuerzo económico importante confiando en las garantías del sistema legal.
“Vendí el coche de mi marido para poder pagar la hipoteca del piso okupado. No podemos permitirnos contratar más abogados”, cuenta Pilar, una jubilada de 68 años cuya vivienda lleva okupada desde 2022.
El fondo que proponen los afectados funcionaría de manera similar a otros mecanismos de protección social ya existentes. Cuando un tribunal determine que determinados okupas no pueden ser desahuciados por encontrarse en situación de vulnerabilidad, el Estado abonaría automáticamente al propietario una compensación equivalente al alquiler de mercado de esa vivienda.
“No pedimos que el Estado nos regale nada, pedimos que asuma el coste de sus propias decisiones políticas”, explica Roberto Fernández, afectado que lleva cuatro años sin poder recuperar su propiedad.
Los defensores de esta medida señalan que países como Francia o Alemania ya cuentan con mecanismos similares que garantizan que las políticas de protección social no recaigan exclusivamente sobre los propietarios privados.
La propuesta también incluye la creación de un procedimiento ágil y transparente para acceder a estas compensaciones, evitando que los propietarios tengan que embarcarse en largos procesos burocráticos para obtener la ayuda que solicitan.
“Si queremos un mercado de alquiler sano y accesible, tenemos que garantizar seguridad jurídica a todos los actores, incluidos los propietarios”, concluye Mercedes López, representante de una plataforma nacional de afectados por la okupación.
FAQs
¿Qué es exactamente el fondo que piden los propietarios?
Un mecanismo público que pague automáticamente el alquiler y gastos cuando el Estado prohíba desahuciar a okupas por vulnerabilidad.
¿Quién financiaría este fondo público?
Sería financiado con presupuestos generales del Estado, similar a otras ayudas sociales ya existentes.
¿Cuánto tiempo tardarían los propietarios en cobrar?
La propuesta incluye pagos automáticos tras la decisión judicial que impida el desahucio por vulnerabilidad.
¿Solo cubriría el alquiler o también otros gastos?
Incluiría alquiler, suministros básicos, gastos de comunidad y tasas municipales que siguen pagando los propietarios.
¿Existe algo similar en otros países europeos?
Sí, Francia y Alemania tienen mecanismos parecidos para que las políticas sociales no recaigan solo sobre propietarios privados.
¿Qué pasa si los okupas pueden pagar pero no lo hacen?
El fondo solo aplicaría a casos donde tribunales declaren vulnerabilidad y prohíban el desahucio por razones sociales.
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