María lleva tres años intentando renovar el permiso de residencia de su marido. Cada vez que llama a la oficina de extranjería, le dicen que no hay citas disponibles hasta dentro de cuatro meses. Cuando finalmente consigue una, descubre que le falta un documento que nadie le había mencionado antes. Vuelta a empezar.
Esta realidad se repite miles de veces cada día en España. Las oficinas de extranjería están colapsadas, los ciudadanos extranjeros se desesperan, y ahora el Gobierno propone una solución que genera más controversia que aplausos: el nuevo registro de extranjería.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca crear un sistema donde asociaciones y sindicatos puedan tramitar procedimientos de extranjería de forma gratuita. Pero los profesionales del sector no están nada contentos con lo que ven.
La nueva propuesta del registro de extranjería que divide opiniones
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha alzado la voz contra esta iniciativa. Su principal queja no es tanto la creación del registro en sí, sino a quién se permite participar y a quién se excluye.
La Orden Ministerial propuesta establece que solo asociaciones y organizaciones sindicales podrán formar parte de este registro de extranjería. Esto significa que profesionales jurídicos y gestores administrativos, que llevan décadas manejando estos trámites con formación acreditada, quedarían fuera del sistema.
“El Gobierno debería explicar con claridad qué modelo tiene en la cabeza”, comenta un portavoz del sector. “Parece que prefieren la buena voluntad a la competencia profesional”.
Esta decisión resulta especialmente llamativa cuando se considera que estos profesionales ya cuentan con:
- Formación específica en derecho administrativo
- Colegiación obligatoria que garantiza controles éticos
- Responsabilidad civil y penal por su actuación
- Experiencia probada en el sector
Los puntos clave que definen este registro de extranjería
Para entender mejor esta propuesta, hay que analizar sus elementos fundamentales. El registro de extranjería que plantea el Gobierno tiene características muy específicas que marcan su diferencia con el sistema actual.
| Aspecto | Situación Actual | Nueva Propuesta |
|---|---|---|
| Quién puede tramitar | Profesionales colegiados y ciudadanos | Solo asociaciones y sindicatos |
| Coste para el usuario | Variable según profesional | Gratuito obligatorio |
| Responsabilidad | Civil y penal del profesional | Por definir |
| Control de calidad | Colegios profesionales | Registro ministerial |
Los requisitos para acceder a este registro de extranjería incluyen demostrar solvencia técnica, experiencia previa en el ámbito migratorio, y capacidad organizativa suficiente. Pero aquí surge otra paradoja: muchas asociaciones carecen de la estructura que sí tienen los despachos profesionales.
“Es como si dijéramos que solo las ONG pueden hacer cirugías porque son más solidarias”, explica un gestor administrativo con veinte años de experiencia. “La buena intención no sustituye a la preparación técnica”.
El registro también establece un sistema de supervisión que dependerá directamente del Ministerio. Esto genera dudas sobre la independencia y objetividad de los controles, especialmente cuando se compara con la autonomía que proporcionan los colegios profesionales.
Las consecuencias reales para ciudadanos y profesionales
Más allá del debate teórico, este nuevo registro de extranjería tendrá impactos muy concretos en la vida de las personas. Los ciudadanos extranjeros que necesitan tramitar sus permisos verán cambios significativos en sus opciones.
Por un lado, la gratuidad obligatoria puede resultar atractiva para quienes no pueden permitirse pagar honorarios profesionales. Pero surge la pregunta inevitable: ¿quién financiará realmente estos servicios “gratuitos”?
Las asociaciones y sindicatos necesitarán recursos para mantener personal cualificado, oficinas, sistemas informáticos y todos los elementos necesarios para prestar un servicio de calidad. Si no pueden cobrar por estos servicios, ¿de dónde saldrán estos recursos?
Los profesionales del sector ven en esta medida una forma encubierta de eliminar la competencia privada. “Es una nacionalización silenciosa de los servicios de extranjería”, afirma una gestora administrativa que prefiere no revelar su nombre.
Para los extranjeros, las consecuencias pueden ser mixtas:
- Mayor accesibilidad económica a los servicios
- Posible reducción en la calidad técnica
- Dependencia de organizaciones que pueden tener criterios ideológicos
- Menor flexibilidad horaria y de atención personalizada
También existe el riesgo de que este registro de extranjería genere un sistema de dos velocidades. Quienes puedan permitírselo seguirán acudiendo a profesionales privados para casos complejos, mientras que los más vulnerables dependerán de un sistema público indirecto.
“Al final, los que más necesitan ayuda pueden acabar recibiendo un servicio de menor calidad”, advierte un abogado especializado en derecho de extranjería. “Es exactamente lo contrario de lo que se pretende conseguir”.
El sistema también plantea interrogantes sobre la continuidad del servicio. ¿Qué ocurre si una asociación decide cerrar o cambiar de actividad? Los profesionales colegiados tienen obligaciones que van más allá de su voluntad personal, pero las organizaciones del tercer sector pueden reorganizarse o desaparecer con mayor facilidad.
Otro aspecto preocupante es la posible politización del proceso. Las asociaciones y sindicatos pueden tener agendas políticas que influyan en su manera de asesorar a los usuarios, algo que los profesionales independientes deben evitar por imperativo deontológico.
El registro de extranjería también podría generar problemas de capacidad. Las oficinas públicas ya están colapsadas, y trasladar parte de la carga a organizaciones sin ánimo de lucro no garantiza que estas tengan la infraestructura necesaria para absorber la demanda.
La medida llega además en un momento especialmente delicado, con las oficinas de extranjería saturadas por los procesos de regularización masiva y una demanda creciente de servicios. ¿Es el momento adecuado para experimentar con nuevos modelos organizativos?
FAQs
¿Qué es exactamente el nuevo registro de extranjería?
Es un sistema que permitirá a asociaciones y sindicatos tramitar procedimientos de extranjería de forma gratuita, sustituyendo en algunos casos la comparecencia personal ante la Administración.
¿Por qué se oponen los profesionales del sector?
Porque el registro excluye a gestores administrativos y abogados especializados, que tienen formación acreditada y responsabilidad profesional, en favor de organizaciones sin estos requisitos.
¿Los servicios serán realmente gratuitos?
Para los usuarios sí, pero surge la duda de cómo financiarán las asociaciones estos servicios sin poder cobrar por ellos.
¿Podrán seguir trabajando los profesionales privados?
Sí, pero el registro de extranjería puede crear competencia desleal al ofrecer servicios similares de forma gratuita.
¿Cuándo entrará en vigor esta medida?
Actualmente está en fase de alegaciones, por lo que aún no hay una fecha definitiva de implementación.
¿Qué alternativas proponen los críticos?
Sugieren incluir también a profesionales colegiados en el registro, manteniendo los estándares de calidad y responsabilidad que ya existen en el sector.
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